Carlos Ramos

Tomó trece largos años al actual gobierno darse cuenta del problema de la vivienda. La gestión, que menos viviendas ha construido en la historia del país, tomó finalmente cartas en el asunto el año pasado.  En 2011 se creó la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el objetivo de subsanar el déficit de 2 millones de viviendas en todo el país. Para ese año se estableció la meta de 153.404 nuevas viviendas. Sin embargo, el propio gobierno admitió que no había cumplido la meta. Se quedó corto, y aún sumando a las cifras oficiales las construidas por el sector privado, y las remodeladas por el poder popular, la cifra sólo se acerca a las 144 mil viviendas.
En muchos casos se entregaron soluciones habitacionales en “primera etapa”, término oficial que significa incompletas, y sin la totalidad de los servicios básicos. A esto hay que añadir concepciones dudosas e inventadas por el gobierno sobre la propiedad como “familiar” o “social”, que no son ni propiedad, ni social ni familiar. La Misión estrella del gobierno nacional fracasó en su año de estreno. ¿Qué queda para 2012, cuya meta es de 200.000 viviendas?
En materia presupuestaria, al MPPVH le fueron aprobados Bs. 29.696.793.970 y $2.663.965.544 para la construcción de 142.478 viviendas entre los años 2011, 2012 y 2013. De acuerdo con la Memoria y Cuenta del MPPVH, en 2011 se ejecutaron Bs. 11.024.493.421.  A esto hay que sumar los 53 mil millones de bolívares destinados a la GMVV para los años 2011-2013.  Esta enorme cantidad de recursos no se ve materializada en la construcción de viviendas. Por el contrario, lo que se evidencia son los constantes reclamos, en todo el territorio nacional, de las personas que permanecen en los refugios y albergues habilitados por el Ejecutivo nacional, en los que permanecen más de 100 mil damnificados.
La construcción de viviendas en el país se ha convertido en la promoción de empresas extranjeras en detrimento de las venezolanas. El gobierno ha preferido firmar acuerdos con “países amigos”, como China, Brasil, Bielorrusia, Portugal, Uruguay, Rusia, Irán, España y Turquía para la construcción de viviendas, muchos de los cuales le han quedado mal al país, y ya existen varias acusaciones de corrupción sobre algunos de ellos.
El MPPVH se enorgullece de la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. El resultado de esta ley no ha sido otro que acabar con el mercado de alquileres y sembrar pánico y desconfianza en la población. Se ha agravado el problema de la oferta de viviendas ya que los venezolanos, temerosos de un gobierno abusador, prefieren no alquilar a arriesgarse a ir a la cárcel, pagar altas multas y se objeto de confiscaciones.
La propia Memoria del MPPVH da cuenta de algunos “obstáculos” que enfrentó en 2011, y que en realidad son indicadores de un desastre sostenido como política gubernamental.  Entre ellos se destacan los de carácter técnico: la demora en el suministro de información por parte de las Direcciones estadales; la falta de capacitación técnica profesional del personal que coordina los proyectos; el déficit de apoyo tecnológico para el mantenimiento y actualización de los sistemas de software; la carencia de un Sistema de Información centralizado sobre sistemas constructivos, tareas realizadas y ejecución de desarrollos.
En lo relativo a Convenios Internacionales, el MPPVH admite dificultades con los terrenos seleccionados para la ejecución de algunos desarrollos, “por no tener la capacidad para albergar todas las viviendas previstas en el respectivo convenio” y, en otros casos, “los terrenos deben ser adecuados para iniciar los trabajos, sin estar este concepto previsto ni en el presupuesto ni en los cronogramas. Esta situación ha generado demoras en la continuidad de estas obras” (Memoria MPPVH 2001, p. 105).
Prosigue el MPPVH relatando retrasos “o simplemente la no entrega de suministro de materiales” y “dificultades para la elaboración de los títulos de tierra por falta de información catastral a nivel nacional” (ibíd.).  Del mismo modo, se presentó lentitud para la transferencia de terrenos públicos nacionales y escasa incorporación de gobernaciones y alcaldías.
Otras fallas señaladas fueron de naturaleza presupuestaria y se basaron, entre otros, en “asignación de recursos presupuestarios no ajustados a la realidad económica” (p. 106), así como “limitaciones por falta de asignación presupuestaria en la contratación del personal Técnico Profesional” (p. 106).  Destaca de manera especial la “falta de transferencia del recurso por Bs. 151.927.500.00 <tel:151.927.500.00> , que el IPASME debía efectuar para la reactivación de 38 obras, lo cual trajo como consecuencia retrasos en la cotización” (p. 107).
Es obvio el desorden e irresponsabilidad del gobierno actual en materia de política de vivienda. Metas incumplidas, promesas vacías, desastre administrativo, ataques a la propiedad, preferencias de empresas extranjeras sobre las nacionales. Todo un panorama insostenible que no llevará a los venezolanos a la solución de su problema habitacional.
La vivienda en el Gobierno de la Unidad Nacional
El Gobierno de Unidad Nacional pondrá en marcha una nueva Política de Desarrollo Urbano y Vivienda para superar los errores e inequidades en los que se ha incurrido en las últimas décadas, y particularmente en los últimos trece años.  Para ello se requiere un Marco General de Políticas Públicas que garanticen su viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.  Los principales componentes de esa política se detallan a continuación.
Un elemento clave es la reinstitucionalización del sector de desarrollo urbano y vivienda, bajo la rectoría del Ministerio para Vivienda y Hábitat, o el que se defina cuando se promulgue una nueva Ley Orgánica de la Administración Central y Descentralizada.  Se establecerá un sistema integral de planificación territorial y urbana que unifique los planes de uso del suelo y de transporte, concertada con todos los actores -públicos, privados y comunitarios- que a la par de garantizar procesos efectivos de participación restituya la plena competencia de las autoridades regionales, metropolitanas y municipales en materia de desarrollo territorial y urbano.
Las políticas de ordenación territorial partirán del reconocimiento de las ventajas implícitas en el actual sistema venezolano de ciudades, puesto que las ciudades son el verdadero factor dinámico de la nación, y es evidente que la difusión del dinamismo económico y social hacia las regiones periféricas estará vinculada directamente a la dinámica de las ciudades principales.  Esto, por supuesto, no significa renunciar a la incorporación de nuevas regiones, pero ello se hará sin los apremios impuestos por la dependencia de la renta petrolera, al compás que defina una economía sana y sustentable.
Erradicaremos la práctica de invasiones, incautaciones y apropiaciones compulsivas de empresas, terrenos y edificaciones al margen de las garantías constitucionales y de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, garantizando así el pleno derecho a la propiedad.  Del mismo modo, como exigencia básica de las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la alta movilidad ocupacional y territorial de las personas y como alternativa para atender la demanda de las nuevas familias y ciudadanos que requieren alojamiento, reconoceremos la existencia de un mercado importante de viviendas en alquiler.  En la recuperación de ese mercado eliminaremos progresivamente todas las trabas regulatorias, discrecionales y de congelación que existen actualmente y revisaremos la Ley de Arrendamientos, ya que inhiben la inversión privada para el desarrollo de viviendas en alquiler y para alquilar viviendas existentes.  Además, generan situaciones conflictivas en los barrios, donde el alquiler de habitaciones y anexos es una práctica generalizada y una forma de creación de patrimonio familiar.
Promulgaremos una Ley de Suelos Urbanos que integre la legislación vigente sobre la materia, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las ciudades bajo la premisa de ciudades compactas, con mezcla de usos e integración social, de manera de controlar y revertir la ineficiente y dispendiosa dispersión urbana.  Diseñaremos un sistema práctico y eficiente para la transferencia de derechos urbanos como instrumento para garantizar la conservación de patrimonio construido y ejecutaremos programas de renovación urbana que garanticen la adecuada dotación de servicios y equipamientos sin perjudicar a los propietarios ni gravar al sector público con onerosas expropiaciones.
Activaremos un programa de recuperación, ampliación y mantenimiento de edificaciones educacionales, médico-asistenciales y otras edificaciones públicas y de servicios, que contribuya a la generación de empleo en el corto plazo.  Igualmente para la rehabilitación de la red vial interurbana, prácticamente colapsada en todo el ámbito nacional.
Retomaremos las condiciones que permitan iniciar la reactivación y expansión, en función de las demandas esperadas, del sector de materiales, componentes y tecnologías de construcción.  Revertiremos las estatizaciones y expropiaciones de aquellas empresas cuya productividad se haya demostrado insostenible en manos del Estado.
Crearemos un mercado de valores hipotecarios sano y vigoroso, mediante el diseño y establecimiento del marco regulatorio pertinente, la seguridad jurídica, los incentivos y la estrategia económica adecuada, para obtener nuevos y mayores recursos del sector privado para el otorgamiento de créditos hipotecarios que garantice la estabilidad y sostenibilidad de un plan de desarrollo urbano y vivienda de largo plazo.
Este Marco General promueve una serie de Programas Prioritarios:
·  Programa Ciudad Barrio: centrado en la reducción de la vulnerabilidad, habilitación física y equipamiento de barrios, con el objetivo de garantizar su integración cultural, social, económica, ambiental y física a la ciudad.
·  Programa de construcción de macro parcelas y urbanizaciones, insertas en la trama urbana y equipada con todos los servicios públicos y comunales, para la construcción de viviendas de desarrollo progresivo.
·  Programa de micro-créditos y créditos de corto y mediano plazo, concertado con la banca pública y privada, dirigido a familias de bajos ingresos.
·  Programa nacional de asistencia técnico-social integral que abarque mejoramiento de las viviendas y entorno urbano, mitigación de riesgos, normas de convivencia, asistencia jurídica, sanitaria y seguridad, dirigido a los proyectos del programa Ciudad-Barril y de urbanizaciones de vivienda de desarrollo progresivo.
·  Programa de rescate, equipamiento y mantenimiento de los espacios públicos en las ciudades.  Incluye la preservación del patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental, así como la rehabilitación de los centros históricos de las ciudades.
·  Fondo Nacional de Contingencia y Programa de construcción de albergues o refugios, destinados al alojamiento provisional de familias o personas víctimas de catástrofes y contingencias.
·  Programa para el rescate integral del Litoral Central, incluyendo la construcción de conjuntos habitacionales dirigidos a la población de ingresos bajos y medios.
·  Programa Integral, con horizonte a diez años, para la recuperación de las condiciones de accesibilidad, infraestructura, vialidad y modernización del transporte público urbano.
·  Programa de construcción de urbanizaciones con servicios y viviendas completas destinadas a los sectores de ingresos bajos y medios, para ser ejecutado por promotores privados.