Posteado por: Administrador | 17 abril, 2012

Expropiar las prestaciones

Omar Barboza Gutiérrez

 

El Presidente Chávez declaró recientemente su decisión de aprobar por Ley Habilitante la creación de un Fondo que estaría alimentado por las prestaciones sociales de los trabajadores del sector público y del sector privado, y que los trabajadores cuando necesitaran esos recursos le harían la solicitud al Fondo explicando el destino que le darían a los mismos. Ya no se trata de expropiar a grandes propietarios, desconociendo la propiedad privada, y destruyendo la producción nacional y el empleo de calidad, ahora se trata de apropiarse del patrimonio de los más débiles, de los asalariados venezolanos. Las prestaciones sociales son la propiedad privada de cada uno de los venezolanos que trabajan mucho para ganárselas.

En este caso, ese propósito presidencial es claramente violatorio del Artículo 92 de la vigente Constitución Nacional, el cual establece que: “El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata”. Entonces, ¿Cómo es eso de llevar las prestaciones a un fondo manejado por el gobierno, y el propietario de ellas si las necesita debe hacer una solicitud a ese fondo para poder utilizarlas?

Quienes trabajan en la administración pública saben, que si alguno de ellos por necesidad solicitan un adelanto de sus prestaciones sociales, su tramitación tarda 3 o 4 años, y mientras tanto el dueño de las prestaciones cae en manos de los prestamistas para resolver la emergencia que tenga.

Ya los trabajadores están cansados de que el gobierno maneje fondos alimentados con sus recursos sin entregar cuentas, y sin que se beneficie a los trabajadores propietarios de los mismos.

Podemos citar varios ejemplos. En relación al Fondo de Vivienda y Hábitat, recibe el 3% del salario de los trabajadores, 2% lo aporta el patrono y 1% el trabajador. Nadie rinde cuenta del uso de los recursos de ese fondo.

El Fondo para protección del paro forzoso, recibe el 4% del salario del trabajador, 3% lo aporta el patrono y 1% lo aporta el trabajador, no se rinde cuenta sobre la administración de esos recursos.

En cuanto a los aportes al INCE, para el cual cotizan el patrono y el trabajador, se eliminó la administración tripartita, esos recursos son manejados solamente por el gobierno y no se sabe que están haciendo con los mismos.

Es oportuno recordar lo que ocurrió con el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de PDVSA durante este gobierno, el cual debe proteger a 90.000 trabajadores, y a través de una componenda interna, fueron sustraídos 540 millones de dólares para hacer operaciones especulativas en los Estados Unidos, y en PDVSA quienes permitieron eso no dan la cara ante los estafados trabajadores que vieron como sus recursos administrados por un ente del gobierno, fueron utilizados para la corrupción y la especulación.

Este es el gobierno que ha creado más fondos en la historia de Venezuela, y lo ha hecho con la intención expresa de violar la Constitución para manejar sin controles miles de millones de dólares, y hasta para comprometer el futuro de las nuevas generaciones hipotecando la producción de petróleo de los próximos años. Así ha ocurrido con el llamado Fondo Chino. Lo cual quedó comprobado con el Punto de Cuenta No. 062-11 de fecha 15-04-2011 presentado por el Presidente de PDVSA al Presidente de la República, en donde le expresa que ha conseguido un “excelente mecanismo” para burlar la aplicación del Artículo 314 de la Constitución, y agrega: “Por haberse constituido como un fondo, tiene una administración separada del Tesoro Nacional, lo cual permite la asignación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional para proyectos de infraestructura y de interés social”. Y continúa: “El uso de estos fondos para proyectos solo requiere la aprobación del Ejecutivo Nacional, simplificando los procedimientos administrativos de aprobación”.

Es decir, son excelentes mecanismos para despacharse y darse el vuelto. Y la simplificación de los procedimientos significa violar el Artículo 314 de la Constitución vigente que dispone: “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto”. En la parte final de este Artículo se dispone que para utilizar recursos adicionales a los previstos en el presupuesto “…se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada”.

Lo que el Presidente de PDVSA llama en su Punto de Cuenta simplificación de los procedimientos, no es otra cosa que violar esta disposición constitucional expresa, y manejar los ingresos petroleros a su antojo y sin control.

Cada día tenemos más motivos para impulsar con urgencia el cambio político en Venezuela.

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